Tres razones para no estar satisfechos con la nueva Ley General de las Telecomunicaciones

 

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El pasado 11 de mayo entró en vigor una nueva Ley General de las Telecomunicaciones entre cuyos propósitos se encontraba el de asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.

Pese a que la impresión que nos ha causado la ley ha sido positiva en términos generales, lo cierto es que transcurrido un tiempo desde su entrada en vigor en megasporuntubo.es hemos hecho un balance acerca del grado de cumplimiento de los objetivos mencionados más arriba y hemos llegado a la conclusión de que no podemos estar satisfechos.

Lo que os traemos hoy son algunas de las razones por las que entendemos que la nueva ley no ha ayudado hasta ahora a establecer ese marco regulatorio claro que proporcione seguridad jurídica al sector:

1. En primer lugar muchos de los aspectos regulados en la ley han sido tratados de una forma general dejando la concreción de su régimen jurídico a lo que se determine en el desarrollo reglamentario. Aspectos tan relevantes como la regulación del registro de operadores, al que deberán dirigirse las comunicaciones de inicio de actividad de aquellos que estén interesados en explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas, las condiciones en las que los operadores controlados por las Administraciones Públicas podrán desarrollar su actividad o incluso las condiciones en las que la Administración podrá imponer la ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada a los operadores se encuentran en este momento en una nebulosa inconcreta que solo genera desconcierto e inseguridad en el sector.

2. La ley, a falta de su desarrollo reglamentario, establece el régimen general que debe aplicarse en caso de que, para el despliegue de las redes, resulte necesaria la ocupación del dominio público o de la propiedad privada pero no establece una sola mención para el caso de que el despliegue requiera ocupar la otra gran categoría de bienes que pueden verse afectados, nos referimos a los bienes patrimoniales de la administración. En efecto el patrimonio de las Administraciones Públicas está integrado por bienes de dominio público o demaniales o bienes de dominio privado o patrimoniales. La ocupación del dominio público por parte de las redes de telecomunicaciones está sujeto a un régimen especial que se concreta de manera pormenorizada en la ley pero… ¿que sucede con la otra categoría de bienes de titularidad de la administración?… es una incógnita que planteará a buen seguro muchos quebraderos de cabeza a los responsables de la gestión de este tipo de bienes.

3. La regulación de determinadas materias se ha realizado a base de estirar las competencias del Estado de manera considerable en detrimento de las que puedan corresponder a otras administraciones públicas. Esto puede dar lugar a un contexto de conflictividad jurídica motivado por la negativa de determinados ayuntamientos o comunidades autónomas a aplicar las medidas contenidas en la ley. El consenso con el que fue aprobada la ley es sin duda un aspecto positivo que puede atenuar este riesgo pero no lo hace desaparecer, tendremos que esperar unos meses todavía para comprobar si los tribunales se van a ver forzados a jugar un papel determinante en la definición del marco jurídico final en el que deberá desenvolverse el despliegue de redes de telecomunicaciones.




Licenciado en derecho