TELECOMUNICACIONES O CULTURA EN CATALUÑA II

Cedida por tiburi bajo Creative Commons

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Hace algún tiempo dedicamos una entrada en este sitio a la aprobación de la Ley 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital, como se puso de manifiesto entonces, la ley establecía un tributo de naturaleza finalista que gravaba la disponibilidad del servicio de acceso a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas mediante la contratación de este servicio con un operador. Los sectores que se beneficiarían de los fondos recaudados serían la industria cinematográfica y audiovisual de Cataluña por un lado y el fomento de la difusión cultural digital, es decir el fomento de la creación de contenidos culturales digitales y de su acceso al público, todo ello en base a lo recaudado del sector de las telecomunicaciones.

Pues bien esta ley fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad en el año 2015 por parte del Presidente del Gobierno por considerar que el tributo no era compatible con el IVA y teniendo en cuenta que los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El pasado 11 de agosto de 2017 se publicó en el BOE la Sentencia del Tribunal Constitucional que ha venido a resolver este recurso determinando que el impuesto catalán grava el mismo hecho imponible que el IVA y que excede por ello del ámbito de la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña declarando, en consecuencia, su nulidad.

No podemos dejar de poner de manifiesto que ha existido también el voto particular de varios magistrados del tribunal que se han pronunciado en el sentido opuesto al descrito y cuyo criterio ha sido que hubiera debido desestimarse íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Es muy posible que el resultado de la aplicación del impuesto se hubiera traducido en una elevación del coste de los servicios de telecomunicaciones contratados por los usuarios, desde esa perspectiva y sin perjuicio de que las medidas dirigidas a proteger y promover el patrimonio cultural representan en mi opinión un objetivo recomendable en las políticas públicas, valoro positivamente el sentido del fallo.




Licenciado en derecho